A través de un video, el CJNG declaró como “objetivos” a candidatos a alcaldes, señalándolos de operar para Cárteles Unidos en Michoacán
Morelia, Michoacán.- La mañana de este domingo, se difundió un video donde supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzan amenazas directas contra candidatos a las alcaldías de Aquila y Coahuayana, en el estado de Michoacán.
En el material audiovisual, un vocero de la organización criminal señala que mantendrán la ofensiva bélica contra la asociación delictiva denominada Cárteles Unidos, independientemente de los resultados de la jornada electoral.
Los civiles armados identificaron específicamente a José María Valencia Guillén, alias “El Inge Chema”, abanderado del PVEM en Aquila, y a Gidardo Ruiz Velázquez, candidato de Fuerza por México en Coahuayana.
Según el mensaje, ambos aspirantes son señalados como presuntos operadores de figuras locales como Héctor Zepeda Navarrete, alias “El Teto”, y Germán Ramírez Sánchez, conocido como “El Toro”.
CJNG acusa omisión de las autoridades
El grupo delictivo reprochó que las instituciones de seguridad y procuración de justicia no iniciaran una carpeta de investigación ante las denuncias previas sobre la supuesta infiltración del crimen organizado en las campañas.
De acuerdo con el testimonio de los sujetos, quienes portaban equipo táctico y fusiles de asalto, el objetivo de estos candidatos sería institucionalizar a Cárteles Unidos bajo la figura de grupos de autodefensa.
“Su principal encomienda es desviar los recursos del ayuntamiento para financiar la guerra que traemos en contra de ellos”, sentenció el vocero en el mensaje que ya es analizado por las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Contexto de violencia en la región
La pugna entre el CJNG y los grupos locales ha generado un clima de inestabilidad en la Sierra-Costa y la Tierra Caliente, donde se han registrado múltiples indicios balísticos de enfrentamientos recientes.
La organización jalisciense aseguró que no intervienen en procesos políticos para imponer perfiles, limitando su actividad al tráfico de sustancias ilícitas, a diferencia de sus antagonistas regionales.
Hasta el momento, ninguna autoridad electoral o estatal ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el reforzamiento del acordonamiento de seguridad en los municipios señalados ante el riesgo para los candidatos.