La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum defiende la nueva Suprema Corte electa por voto popular, destacando su independencia y decisiones históricas.
Ciudad de México.- La mañana de este viernes, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum celebró la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia, la cual calificó de “histórica”, vinculándola de forma directa con la nueva integración del Poder Judicial bajo el esquema de voto popular.
Frente a medios de comunicación, la mandataria federal defendió el desempeño del máximo tribunal tras la aplicación de la reforma judicial en el país.
“No creo que la Corte anterior hubiera resuelto como se resolvió ahora. Esto habla de la sensibilidad de los ministros que fueron elegidos por el pueblo”, afirmó Sheinbaum.
Con esta postura, la titular del Ejecutivo federal subrayó que el cambio en la designación de los integrantes del tribunal se refleja en decisiones que priorizan a las víctimas.
La presidenta de México explicó que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe detallado sobre las implicaciones legales de esta resolución histórica de la Suprema Corte, así como su impacto real en el acceso a la justicia. Adelantó que el gobierno federal buscará que las autoridades competentes informen a los ciudadanos sobre los alcances del fallo.
Sheinbaum sostuvo que los actuales ministros de la SCJN gozan de mayor independencia al no deber su puesto al Ejecutivo ni a legisladores.
“La corte ya no le debe su trabajo a una persona”, aludió la mandataria, para reiterar que se eliminó el antiguo modelo de asignación de ternas presidenciales.
La mandataria insistió en el contraste con administraciones pasadas, señalando los vicios del sistema anterior.
“No le responden a alguien en particular, no le deben su estancia en la Corte a una persona. Porque así era antes. Le debían a alguien el estar ahí. Y además respondían a los grupos de interés en la mayoría de los casos”, fustigó.
Por otra parte, el proceso mantiene posturas encontradas. Sectores de la oposición, organizaciones civiles y especialistas advierten riesgos urgentes sobre una posible politización y la pérdida de la autonomía de los jueces ante presiones partidistas. Mientras el gobierno defiende el voto popular como el fin de la impunidad, críticos alertan por la alteración al equilibrio de poderes.