En materia anticorrupción, durante el último año sólo dos carpetas judicializadas al mes, consignan datos de la fiscal Marisol Sánchez en su primer informe de labores.
Morelia, Michoacán.- Durante el último año en Michoacán, sólo fueron judicializadas al mes dos carpetas en materia anticorrupción, esto conforme a las estadísticas reportadas por Marisol Sánchez Zamudio, fiscal Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, al entregar su Primer Informe de labores al Congreso del Estado.
En el Salón de Recepciones de Palacio Legislativo, al dar cuenta de las actividades realizadas del 31 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2026, la funcionaria dio cuenta que con un presupuesto anual de 13 millones 816 mil 973 pesos, la institución a su cargo recuperó más de 2 millones 669 mil pesos para el Estado mediante mecanismos alternativos y resoluciones judiciales, casi el triple de los poco más de 920 mil pesos recuperados en el periodo inmediato anterior.
Además, reveló que las investigaciones en curso han permitido identificar un daño patrimonial preliminar cercano a los 499 millones de pesos, recursos cuya recuperación se buscará conforme avancen los procesos.
En lo informado por Marisol Sánchez, reportó que la Fiscalía atendió a más de tres mil personas entre denunciantes, víctimas, ciudadanos que solicitaron orientación jurídica y personas entrevistadas dentro de actos de investigación. En materia penal, fueron judicializadas 24 carpetas de investigación y se formularon imputaciones contra 49 personas, de las cuales 36 son hombres y 13 mujeres, con base en investigaciones que, aseguró, cuentan con datos de prueba sólidos y viabilidad procesal para fortalecer el combate a la impunidad.
En el ámbito jurídico, la dependencia atendió 37 juicios de amparo, rindió 74 informes ante órganos jurisdiccionales federales y obtuvo resoluciones favorables en la totalidad de los amparos en los que fue parte, resultado que, afirmó la fiscal, refleja el respeto de la institución a los derechos humanos y la solidez de sus actuaciones ministeriales.
En el evento en el que estuvo también presente Diego Alejandro Cárdenas Luján, secretario Técnico de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción, el presidente del Congreso, Baltazar Gaona García, al hacer uso de la palabra refirió que el combate a la corrupción no debe medirse únicamente por el número de carpetas de investigación iniciadas, sino por la capacidad de las instituciones para prevenir conductas indebidas y garantizar que nadie esté por encima de la ley. Señaló que el verdadero reto es consolidar un Estado de derecho con instituciones capaces de ofrecer justicia para todas y todos.
Dijo que el la autonomía de los órganos de procuración de justicia debe traducirse en independencia para actuar sin presiones políticas, pero siempre acompañada de transparencia, responsabilidad y resultados, al tiempo que enfatizó que la lucha contra la corrupción es una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad.
Giuliana Bugani Torres, presidenta de la Junta de Coordinación Política, afirmó que la rendición de cuentas es una obligación constitucional y un pilar de la vida democrática, y que la entrega de informes es un ejercicio debe servir para evaluar si las instituciones cumplen con su mandato de proteger el patrimonio público y combatir la impunidad.
La legisladora sostuvo que la corrupción no sólo representa una falta administrativa, sino una violación a la legalidad que impide que los recursos públicos se traduzcan en obras, servicios y programas para la ciudadanía. Destacó que el desempeño de la Fiscalía no debe medirse únicamente por las 131 carpetas de investigación iniciadas, sino por la solidez de sus investigaciones, el respeto al debido proceso, la recuperación de la confianza ciudadana y resultados verificables. Asimismo, adelantó que el Congreso analizará el informe para evaluar metas, revisar el uso de los recursos públicos y fortalecer el marco jurídico en materia anticorrupción.
A su vez, el diputado David Martínez Gowman, de la Comisión de Justicia, dijo que la corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad, al vulnerar la confianza ciudadana, debilitar las instituciones y afectar el desarrollo económico y social, por lo que subrayó la necesidad del fortalecimiento institucional encargado de combatirla.
El legislador llamó a impulsar de manera permanente la cultura de la denuncia, fortalecer la participación ciudadana y continuar con la capacitación especializada del personal ministerial, policial y pericial para enfrentar la creciente complejidad de los delitos de corrupción.