Emite recomendaciones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el caso de desaparecidos de la familia Guzmán Cruz.
Morelia, Michoacán.- En el caso de las desapariciones de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz, ocurridas durante el periodo de la llamada Guerra Sucia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó el Informe de Fondo sobre el asunto, y emitió al Estado Mexicano recomendaciones al respecto.
Además, la Comisión determinó que el Estado es responsable por la violación de diversos tratados internacionales, en perjuicio de José de Jesús Guzmán Jiménez, y los hermanos Amafer, Armando, Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz.
Este jueves en rueda de prensa, Pavel Guzmán Macario, Tania Álvarez Guzmán y Jesús Ernesto Álvarez Guzmán, familiares de los desaparecidos, denunciaron que el Estado Mexicano continúa retrasando que el Informe de la Comisión arribe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su revisión. Como acompañante solidaria, Alondra Infante estuvo presente en el encuentro con la prensa por parte del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem) “Alzando Voces”.
Pavel Guzmán dio lectura a un posicionamiento respaldado también por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) del cual es vocero. Ahí recuerdan que desde hace 52 años, los sobrevivientes de la familia Guzmán han denunciado su desaparición ante instancias locales, estatales, federales e internacionales.
Detalló que el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de octubre de 2006; fue admitido el 1 de julio de 2013, se realizaron audiencias y careos el 7 de julio de 2017 en Lima, Perú, y finalmente, el 20 de agosto de 2025, se notificó el Informe de Fondo del caso, en el que se establece que el Estado mexicano cometió delitos de lesa humanidad en contra de los integrantes de la familia purépecha Guzmán Cruz.
“En dicho informe se estableció que se violaron diversos derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad, la obligación estatal de no practicar, no permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas, el derecho a la protección de la familia y el derecho a las garantías judiciales”.
Acusó que a casi un año de la presentación del informe de fondo, el Gobierno de México no ha adoptado ni una sola medida de reparación, investigación, justicia o de no repetición.
También denunciaron que el Gobierno de México ha venido obstaculizando la justicia internacional, al presentar prórrogas para que el caso no sea turnado a la Corte Interamericana, con lo que el Estado Mexicano “lo único que hacen es revictimizar a la familia Guzmán Cruz”, por lo que subrayan a la CIDH que la justicia tardía no es justicia.