Este miércoles, en el cierre de la sesión de Pleno del Congreso de Michoacán, se hizo sentir la exigencia de justicia por Valeria
Morelia, Michoacán.- La exigencia de justicia por Valeria, joven adolescente víctima de feminicidio, se hizo sentir este miércoles durante la sesión del Pleno del Congreso del Estado de Michoacán, cuando la legisladora Brissa Arroyo Martínez presentó un punto de acuerdo sobre el caso.
El último punto de la orden del día contempló la propuesta de la legisladora y, pese a que en la sesión los diputados mostraron ánimo de solidaridad con el tema, en los hechos no ocurrió así, ya que la Conferencia para la Programación de los Trabajos Parlamentarios –conformada por los coordinadores de bancada y el presidente del Congreso- no lo consideró como de urgente y obvia resolución para someterse a votación del Pleno.
Al hacer uso de la palabra, Brissa Arroyo argumentó que la propuesta cumplía cabalmente con los requisitos de urgencia, en virtud de que los hechos delictivos sucedidos últimamente, ocurren de manera sistemática y actual, exigiendo una respuesta institucional inmediata.
“Asimismo, es de obvia resolución porque la gravedad de la situación es un hecho público y notorio que no requiere de mayor debate técnico o estudio en comisiones para reconocer la necesidad de proteger a la población. El derecho a la seguridad es la base de todo el ordenamiento jurídico; postergar este auxilio institucional haría nugatorio el sentido de este punto de acuerdo.”
Pero la decisión estaba previamente tomada, por lo que su promotora acabó solicitando que fuera turnado a comisiones para su revisión.
“Cada día que este Poder Legislativo posterga un pronunciamiento y una exigencia de coordinación a las autoridades competentes, se traduce en un incremento del riesgo para la vida, la libertad y la integridad de las familias michoacanas”, apuntó la legisladora en tribuna.
En el recinto se encontraban los padres de Valeria, familiares e integrantes de las colectivas Mapas y Libres de Morelia, portando lonas y cartelones exigiendo justicia. Cuando desde la Mesa Directiva el presidente del Congreso, Baltazar Gaona, dio lectura en voz alta a los mensajes ahí plasmados, Viridiana Cortez, madre de la joven, soltó en llanto.
Desde tribuna Brissa Arroyo, señaló que la Constitución de la República impone a todas las autoridades el deber de prevenir las violaciones a los derechos humanos.
“En ese sentido, las instituciones del Estado deben adoptar medidas integrales que permitan reducir los factores de riesgo, fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar entornos seguros para el desarrollo de las personas, particularmente de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.”
Agregó que cada caso que logra evitarse representa una vida protegida, una familia preservada y una comunidad fortalecida. Por ello, además del esclarecimiento de los hechos y la reparación integral a las víctimas, resulta indispensable impulsar acciones que fortalezcan las capacidades del Estado para impedir la repetición de hechos de esta naturaleza y garantizar el derecho de todas las personas a vivir libres de violencia.